Ley 39/1981, de 28 de octubre, por la que se regula el uso de la bandera de
España y el de otras banderas y enseñas
BOE 12 Noviembre
LA LEY
2352/1981
Artículo primero.
La bandera de España simboliza la nación, es signo de la soberanía, independencia, unidad e integridad de la
patria y representa los valores superiores expresados en la Constitución.
Artículo segundo.
Uno.
La bandera de España, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo cuarto de la Constitución española, está
formada por tres franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una
de las rojas.
Dos.
En la franja amarilla se podrá incorporar, en la forma que reglamentariamente se señale, el escudo de España.
El escudo de España figurará, en todo caso, en las banderas a que se refieren los apartados uno, dos, tres y
cuatro del artículo siguiente.
Tres.
El tratamiento y honores que deben ser prestados a la bandera de España se regirán por lo que
reglamentariamente se disponga y en el caso de las Fuerzas Armadas, por sus disposiciones específicas.
Artículo tercero.
Uno.
La bandera de España deberá ondear en el exterior y ocupar el lugar preferente en el interior de todos los
edificios y establecimientos de la Administración central, institucional, autonómica provincial o insular y
municipal del Estado.
Dos.
La bandera de España será la única que ondee y se exhiba en las sedes de los órganos constitucionales del
Estado y en la de los órganos centrales de la Administración del Estado.
Tres.
La bandera de España será la única que ondee en el asta de los edificios públicos militares y en los
acuartelamientos, buques, aeronaves y cualesquiera otros establecimientos de las Fuerzas Armadas y de las
Fuerzas de Seguridad del Estado.
Cuatro.
La bandera de España, así como el escudo de España, se colocará en los locales de las misiones diplomáticas y
de las oficinas consulares, en las residencias de sus Jefes y, en su caso, en sus medios de transporte oficial.
Cinco.
La bandera de España se enarbolará como pabellón en los buques embarcaciones y artefactos flotantes
españoles, cualquiera que sea su tipo, clase o actividad, con arreglo a lo que establezcan las disposiciones y
usos que rigen la navegación.
Artículo cuarto.
En las Comunidades Autónomas, cuyos estatutos reconozcan una bandera propia, ésta se utilizará juntamente
con la bandera de España en todos los edificios públicos civiles del ámbito territorial de aquélla, en los términos
de lo dispuesto en el artículo sexto de la presente ley.
Artículo quinto.
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Cuando los Ayuntamientos y Diputaciones o cualesquiera otras Corporaciones públicas utilicen sus propias
banderas, lo harán junto a la bandera de España en los términos de lo establecido en el artículo siguiente.
Artículo sexto.
Uno.
Cuando se utilice la bandera de España ocupará siempre lugar destacado, visible y de honor.
Dos.
Si junto a ella se utilizan otras banderas, la bandera de España ocupará lugar preeminente y de máximo honor
y las restantes no podrán tener mayor tamaño.
Se entenderá como lugar preeminente y de máximo honor:
a)
Cuando el número de banderas que ondeen juntas sea impar, la posición central.
b)
Si el número de banderas que ondeen juntas es par, de las dos posiciones que ocupan el centro, la de la
derecha de la presidencia si la hubiere o la izquierda del observador.
Artículo séptimo.
Cuando la bandera de España deba ondear junto a la de otros Estados o naciones lo hará de acuerdo con las
normas y usos internacionales que rigen esta materia en las relaciones entre Estados, así como con las
disposiciones y reglamentos internos de las organizaciones intergubernamentales y las conferencias
internacionales.
Artículo octavo.
Se prohíbe la utilización en la bandera de España de cuales quiera símbolos o siglas de partidos políticos,
sindicatos, asociaciones o entidades privadas.
Artículo noveno.
Las autoridades corregirán en el acto las infracciones de esta ley restableciendo la legalidad que haya sido
conculcada.
Artículo décimo.
Uno.
Los ultrajes y ofensas a la bandera de España y a las contempladas en el artículo cuarto del presente texto, se
castigarán conforme a lo dispuesto en las leyes.
Dos.
Las infracciones de lo previsto en esta ley se considerarán incursas en lo establecido en el artículo ciento
veintitrés y concordantes del Código Penal y, en su caso, en el artículo trescientos dieciséis del Código de
Justicia Militar, sin perjuicio de las sanciones administrativas que pudieran proceder.
Número 2 del artículo 10 declarado inconstitucional por sentencia del Tribunal Constitucional 119/1992, 16
septiembre («B.O.E.» 14 octubre).
Tres.
Los ultrajes y ofensas a las banderas a que se refiere el artículo tercero de esta ley, se considerarán siempre
como cometidas con publicidad a los efectos de lo dispuesto en el citado artículo ciento veintitrés del Código
Penal.
Número 3 del artículo 10 declarado inconstitucional por sentencia del Tribunal Constitucional 118/1992, 16
septiembre («B.O.E.» 14 octubre).
Cuatro.
Sin perjuicio de la responsabilidad en que incurran los autores de las infracciones de lo dispuesto en esta ley,
lo establecido en el artículo ciento veintitrés del Código Penal o trescientos dieciséis del Código de Justicia
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Militar, en los casos de personas y lugares previstos en este último, será asimismo de aplicación a los
Presidentes, Directores o titulares de organismos, instituciones, centros o dependencias y a los representantes
legales de partidos políticos, sindicatos, asociaciones o entidades privadas de toda índole que, tras ser
requeridos para el cumplimiento de esta ley por la autoridad gubernativa, incumplan lo preceptuado en los
artículos anteriores.
DISPOSICION DEROGATORIA.
Quedan derogados el Real Decreto dos mil setecientos cuarenta y nueve/mil novecientos setenta y ocho, de
veinticuatro de noviembre, sobre utilización de la bandera nacional, y cuantas otras disposiciones se opongan a
lo establecido en la presente ley.
DISPOSICION ADICIONAL.
Se faculta al Gobierno para dictar las disposiciones que requiera el cumplimiento de la Presente ley, la cual
entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»
