Es evidente que este debate está siendo vital para arreglar el delicado tema de la crisis catalana. Cada vez lo poneis peor.
Tras la entrada en prisión de los dos “jordis”, y vistos los controvertidos comentarios en este foro y en el resto de medios informativos, basándome en los hechos, observo, perplejo:
Hace unas semanas en el Parlament de Catalunya, formado por miembros electos según las normas que dimanan de la Constitución Española y los componentes del Gobierno Autonómico, también elegidos con las normas del mismo origen, se aprobaron unas leyes, saltándose las más elementales normas democráticas.
Como consecuencia se convocó un ”referendum”.
El Tribunal Constitucional del Estado Español, del que forma (o formaba) parte la autonomía catalana, determina que todo lo actuado por el Parlament es ilegal y anula los acuerdos.
En numerosas entrevistas, los responsables políticos que pugnan por una República Independiente de Catalunya, dicen que todo lo actuado por el Parlament es legal y legítimo porque este órgano representa la voluntad de todos los catalanes. Por lo tanto, la Constitución Española ha dejado de tener vigor en Catalunya, y con ella el resto de las Instituciones.
O no sé leer y entender lo que dicen, o entre las Instituciones españolas que dimanan de la Constitución está el “Poder Judicial”.
Después de unas cuantas manifestaciones y con errores estratégicos por todas partes, la Fiscalía del Estado presenta denuncias contra determinados responsables catalanes, entre los que están los máximos jefes de los “mossos” y dos de los líderes de las dos asociaciones civiles que dicen que son los responsables de las movilizaciones cívicas.
Y, a partir de aquí, empieza mi total desconcierto:
Si Catalunya es una República Independiente el consejo (o la orden) inmediata del presidente Puigdemont debería haber sido: “Ustedes no tienen por qué comparecer ante ningún tribunal español, porque las leyes españolas no rigen en Catalunya.” Pero tanto los jefes citados (que la primera vez van de uniforme) como los líderes de las AA. CC. acuden a las citaciones, y para ello se desplazan a Madrid. En la segunda citación van de paisano y la magistrada determina una serie de medidas preventivas, entre las que figura la retirada de pasaporte y la presentación cada 15 días en el juzgado más próximo a su domicilio para el jefe de los “mossos”. Los líderes de las AA. CC. entran en prisión preventiva sin fianza.
Casi simultáneamente, el expresidente Artur Mas deposita en un juzgado parte de la multimillonaria fianza que le han impuesto.
Hoy, los abogados de los líderes de las AA. CC. han dicho al salir de visitar a sus clientes, que están preparando un recurso de reposición (o algo así) ante la magistrada para intentar que revoque el auto. Y, más adelante y si este no es positivo, otro ante un órgano superior de la Audiencia Nacional (de España) para intentar que sus defendidos recuperen la libertad. O sea: lo que hacen todos los abogados en casos de prisión preventiva.
Y a partir de la noticia de que Artur Mas ha depositado más de dos millones de los cinco de la fianza, y de escuchar a los abogados que van a recurrir el auto de la magistrada, mi desconcierto es ya un despelote mental. ¿Cómo es posible que quienes han predicado que Catalunya ha dejado de ser España para ser una República Independiente, estén sometidos a la Justicia de un Tribunal español y sus abogados preparando los recursos ante ese tribunal que no es reconocido en Catalunya, y sus leyes y jurisdicción no le afectan? ¿Y cómo es posible que Artur Mas haya depositado la mitad de la fianza en un juzgado cuya jurisdicción se dice que se ignora en Catalunya?
¿En qué quedamos: Nos ponemos estupendos delante de las cámaras de TV en las manifestaciones, o nos cagamos por la pernera y asumimos que nos han quitado, entre otras cosas, el pasaporte o nos han puesto una fianza millonaria, o directamente nos han metido en “chirona”?
Estos son hechos. No entro en hasta dónde la Justicia ha de llegar o no. Pero mientras unos están afrontando las consecuencias de sus actos, otros (los de la CUP y los de ERC) están siempre a salvo de ser instigadores y ni siquiera mínimamente responsables de presuntos hechos delictivos.